Desde sus orígenes, el derecho penal ha debatido una pregunta central: ¿por qué castigamos? La respuesta no es simple, ni única. A lo largo del tiempo, distintas teorías de la pena han intentado justificar la existencia del castigo estatal frente al delito. Hoy, en el marco de un estado social y democrático de derecho, revisar críticamente estas teorías es imprescindible para repensar las políticas penales, sus efectos y sus límites.
Este artículo explora los principales fundamentos teóricos de la pena —absolutos, relativos y mixtos— y su aplicación en los contextos actuales, marcados por la globalización del delito, la expansión punitiva y las tensiones entre seguridad, justicia y derechos humanos.
¿Para qué sirve castigar? Una mirada crítica a las teorías de la pena en el derecho penal contemporáneo
Las teorías absolutas: el castigo como retribución
Las teorías absolutas de la pena sostienen que el castigo es un fin en sí mismo, justificado por la necesidad moral de retribuir el daño causado por el delito. El principal exponente de esta visión es Immanuel Kant, para quien la pena no busca prevenir, sino restablecer el equilibrio moral quebrado por la infracción.
| “La pena debe imponerse no como medio para promover otro bien, sino porque el criminal ha cometido un delito” – Kant, “La metafísica de las costumbres”. |
Esta perspectiva retributiva pone el foco en el pasado y en la responsabilidad individual, y ha sido la base de muchos sistemas penales tradicionales. Sin embargo, su rigidez frente a contextos estructurales de vulnerabilidad o exclusión social ha sido objeto de fuertes críticas en las últimas décadas.
| Conoce más sobre la criminalización migratoria leyendo nuestro artículo: Fronteras, migración y castigo: el avance de la criminalización en políticas migratorias. |
Las teorías relativas: prevención y utilidad social
Frente al enfoque retributivo, las teorías relativas justifican la pena en función de su utilidad social. Es decir, el castigo no se impone por el delito cometido, sino para evitar futuros delitos. Estas teorías se dividen en dos ramas principales:
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Prevención general: la pena funciona como un mensaje disuasorio para la sociedad. El castigo ejemplifica lo que ocurre cuando se transgrede la ley y así contribuye al respeto del orden jurídico.
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Prevención especial: la pena busca reinsertar al autor del delito y evitar su reincidencia, a través de mecanismos como la rehabilitación, la educación o la vigilancia.
Esta visión se vincula a autores como Beccaria, Feuerbach y Bentham, y ha dado lugar a sistemas penales que combinan sanción con políticas de reinserción. No obstante, su implementación desigual ha generado debates sobre la eficacia real de estas medidas y su posible sesgo selectivo.
Teorías mixtas: hacia una integración funcional
En los sistemas jurídicos contemporáneos, muchas legislaciones adoptan teorías mixtas, que integran elementos retributivos y preventivos. Según esta mirada, la pena tiene una función simbólica (reproche) pero también práctica (prevención), y su legitimidad depende de mantener el equilibrio entre ambas dimensiones.
Este enfoque es el que mejor se articula con el estado social y democrático de derecho, donde el respeto a las garantías, la proporcionalidad del castigo y la finalidad resocializadora deben convivir con la función simbólica de la sanción penal.
En palabras del jurista español Jesús-María Silva Sánchez: “La pena debe servir como instrumento para la vigencia de las normas, pero también debe respetar la dignidad de la persona condenada”.
Un debate vigente frente a los desafíos globales
En un contexto marcado por la criminalidad transnacional, la polarización social y el avance del populismo punitivo, las teorías de la pena recobran protagonismo. ¿Qué sentido tiene encarcelar masivamente si no hay reinserción posible? ¿Puede el castigo reparar el daño causado? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado sin violar derechos fundamentales?
Estas preguntas no son solo filosóficas: impactan directamente en las políticas criminales, en la ejecución penal y en el diseño de los sistemas judiciales. Por eso, es clave que los y las profesionales del derecho conozcan, analicen y cuestionen los fundamentos que legitiman el poder punitivo.
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Te interesará leer acerca de los desafíos globales actuales del derecho penal, las nuevas criminalidades y las respuestas jurídicas. |
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