En el siglo XXI, los movimientos migratorios han crecido en escala, complejidad y visibilidad. Millones de personas se desplazan por causas diversas: pobreza, violencia, cambio climático, guerras o persecuciones.Frente a este fenómeno, muchos Estados han adoptado políticas de control cada vez más restrictivas. Y con ellas, el derecho penal ha comenzado a ocupar un lugar central.
En lugar de comprender la migración como un hecho social, económico o humanitario, se la ha transformado en una cuestión penal, generando una tendencia preocupante: la criminalización de la migración y de quienes asisten a las personas migrantes. Este artículo explora los orígenes, las formas y las consecuencias de este enfoque punitivo, con foco en Europa y América Latina.
Migración, fronteras y castigo: cómo el derecho penal interviene en los flujos migratorios del siglo XXI
El concepto de criminalización de la migración
Hablar de criminalización implica señalar cómo ciertos comportamientos —como ingresar a un país sin documentos, permanecer en situación irregular o brindar ayuda humanitaria— son tratados como delitos o infracciones sancionables por el sistema penal.
Este fenómeno no solo afecta a las personas migrantes. También alcanza a defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, activistas y ciudadanos que, desde la sociedad civil, deciden acompañar o asistir.
Como señala la investigadora Marta C. Ariza, “la frontera se ha convertido en un espacio de excepción donde las garantías penales se suspenden y la sospecha se naturaliza”.
Europa: entre la política de disuasión y el castigo
En el contexto europeo, la llamada "crisis de refugiados" de 2015 marcó un antes y un después. Si bien existían marcos jurídicos como el Convenio de Ginebra, muchos Estados comenzaron a endurecer sus legislaciones migratorias, estableciendo delitos específicos como:
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Tráfico de personas asociado a asistencia a la entrada o permanencia irregular.
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Sanciones penales por ayudar a migrantes sin fines de lucro (caso del "Capitán Carola Rackete", Italia, 2019).
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Uso extendido de la detención administrativa, que, aunque no es técnicamente una pena, opera con lógica carcelaria y sin las garantías del proceso penal ordinario.
Además, la externalización de fronteras (acuerdos con terceros países para contener la migración antes de que llegue a Europa) ha desplazado el problema, sin resolverlo.
| Conoce más sobre la teoría de la pena leyendo nuestro artículo: ¿Por qué castigamos? Una revisión crítica de las teorías penales. |
América Latina: exclusión, racismo y respuestas penales
En América Latina, si bien los sistemas migratorios han sido más flexibles en algunos países (como Argentina o Uruguay), también se han registrado avances punitivos. Entre ellos:
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Penalización del ingreso irregular como agravante en delitos comunes.
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Militarización de fronteras (casos recientes en Chile y Perú).
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Redadas y expulsiones colectivas sin debido proceso.
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Criminalización de líderes comunitarios o religiosos que brindan refugio.
En este escenario, la migración irregular es asociada al delito, y el sistema penal actúa como filtro selectivo que reproduce exclusión, estigmatización y violencia institucional.
Las consecuencias de castigar la movilidad
La intervención penal en materia migratoria no resuelve las causas del desplazamiento ni garantiza mayor seguridad. Por el contrario, según el Informe Anual de Amnistía Internacional (2023):
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El uso del derecho penal en contextos migratorios ha aumentado en un 35 % en Europa en la última década.
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Más de 3.800 personas murieron en el Mediterráneo solo en 2022, muchas de ellas por rutas más peligrosas elegidas para evitar controles.
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En América Latina, se duplicaron los casos de detenciones arbitrarias de migrantes entre 2021 y 2023.
Estas cifras reflejan que el castigo no desalienta la migración: solo la vuelve más riesgosa e inhumana.
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