Es innegable que en América Latina actualmente enfrenta un creciente aumento de crimen. Para poder hacer frente a esta problemática, los países que integran deben responder de forma pragmática cómo enfrentar los actos ilícitos para impartir justicia. De todas maneras, esta no es una tarea fácil dado que las repercusiones sobre el sistema punitivo integrado por la dinámica castigo y fuerzas de seguridad no siempre tienen un buen resultado.
¿Qué es el populismo punitivo?
Entre una de las definiciones más aproximadas sobre el populismo punitivo se puede encontrar a Pratt que lo define como el castigo como respuesta para abordar a los grupos que se encuentran insatisfechos con la gestión de la política criminal. Además, remarca que este significa un recurso que habla por aquellos que advierten que las normas que integran el sistema penal se encuentran a favor del delincuente y de no aquellos que obedecen las normas.
Asimismo, muchos gobiernos de Latinoamérica han utilizado este recurso con fines políticos extendiendo la punibilidad de los actos ilícitos e incrementando las sanciones por estos actos. Sin embargo, a lo largo de los años, se puede afirmar que esto no implica una solución para la actividad delictiva.
Para abordar los elementos que integran el populismo punitivo cabe aclarar que las sanciones son las respuestas que se encuentran prescriptas en los sistemas penales para aquellos que incumplieron una norma.
De todas maneras, la justicia y el derecho penal no solo se trata de impartir una sanción penal sobre el delincuente, menos de causarle sufrimiento por su cometido. La pena es el último recurso que se debe aplicar por los magistrado cuando identifiquen el hecho delictivo y el nexo de causalidad. Más precisamente, esta debería funcionar como un medio en el cual el delincuente pueda volver a integrarse a la sociedad si las condiciones de cada país son adecuadas para este fin.
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Las consecuencias del populismo punitivo
Cuando los jefes extienden y amplían las leyes para dar respuesta a la política criminal no solamente tienen repercusiones sobre un accionar en específico dado que también buscan imponer una persecución de los delitos callejeros. Precisamente, en países tales como Colombia, mediante la continua represión amparadas bajo leyes de seguridad ciudadana se podrían entender como política en contra de los sectores más vulnerables de dicha región.
A manera de ejemplo, entre los argumentos expuestos sobre la ley 1453 de Colombia, se expone: "El terrorismo y la criminalidad organizada son fenómenos que afectan gravemente la paz y la seguridad pública, convirtiéndose en medios para minar las bases del Estado de Derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; razón por la cual, estos graves atentados contra la ciudadanía deben prevenirse y atacarse de manera decidida y ejemplar. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia no puede ser una justificación para afectar los derechos de las personas, por lo que en la redacción de este proyecto se ha tenido especial cuidado de que ninguna de sus disposiciones pueda afectar las garantías constitucionales de los ciudadanos".
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El escenario parece complejo de tratar si no es llevado por expertos de varias disciplinas que tienen la capacidad de observaciones de los actores que intervienen en el sistema penal. Está claro que las normas no son el único factor relevante cuando se trata de política criminal, teniendo en cuenta que estas deben contemplar los diferentes escenarios para lograr la finalidad de disminuir los índices de los delitos.
El populismo punitivo no da lugar a nuevos sistemas de justicia que contribuyan con la reinserción social, dado que en su lugar, busca imponerse como primera respuesta que el estado ejecuta cuando en verdad el Estado debería garantizar el bienestar con una perspectiva más amplia de derechos.
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Además, el populismo punitivo es lesivo del principio de progresividad de los derechos humanos, establecido constitucionalmente, al privilegiar una concepción totalmente represiva del derecho penal, que debe ser la última ratio que un Estado debe usar por los efectos que tiene en la vida de las personas. En cambio el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar con una perspectiva de derechos y no con una perspectiva punitiva.
Los sistemas que se encuentran perpetrados en cada sistema penal requieren de una mirada que pueda definir una nueva perspectiva para la reducción efectiva del delito. Un nuevo método de implementación de las normas que sea efectivo para la sociedad, implica la participación de especialistas en política criminal que tengan una mirada más abarcativa de las consecuencias que este conlleva y así evitar las reincidencias y el incremento de la actividad criminal.
