Este artículo tiene como propósito analizar algunas tendencias en política criminal que están vinculadas a la internacionalización que ha experimentado el delito, sobre todo a raíz del fenómeno de la globalización, y de sus impactos en el ámbito de la política criminal y del derecho penal, que igualmente se han internacionalizado, así como la influencia que dichos procesos han tenido hacia el interior de los Estados nacionales.
Política criminal: actualidad
Destaca el tratamiento de la delincuencia organizada, la cual ha dejado de ser un problema meramente local o nacional y se ha convertido en uno de carácter transnacional, obligando a que las medidas de política criminal ahora se definan y diseñen en el plano internacional.
En la actualidad, la sola aplicación de las normas que integran el Derecho Penal en la sociedad, no parece estar dando sus frutos.
Según el informe llevado a cabo por Citizen security in Latin America Facts and Figures, solo en el 2016, 17 de los países con más casos de homicidios en el mundo y 47 de las 50 ciudades se encontraban en América Latina. Es decir, la tasa de homicidio regional era de 21.5 por cada 100 mil habitantes.
La variación de la alza de delitos y del crimen organizado tiene que ver con las respuestas que los diferentes estados dan frente a ellos. En estas circunstancias, la lucha contra el delito, en la que solo se aplica dureza frente a los hechos como forma de respuesta, está lejos de ser una solución para la problemática.
Por este motivo, la política criminal es la solución, dado que en la aplicación de estrategias, acciones y diferentes criterios los gobiernos pueden regular los niveles de criminalidad.
“Pero hay algo que debe recordarse: el Derecho penal no consolidará la función preventiva que se le asigna en tanto no exista una plataforma social y política que, a grandes rasgos, garantice el respeto a la norma”, dice Joaquín Merino Herrera en su libro Tendencias de la Política Criminal Contemporánea (2018).
Por consiguiente, diseñar e implementar políticas públicas, integrar y crear instituciones, trabajar en organizaciones de la sociedad civil, pueden conformar un proceso de transformación, para que mediante la política criminal, se generen recursos nuevos que brinden nuevas soluciones.
Algunas tendencias en política criminal
Una de las tendencias que se ven en algunos países en política criminal es la generación de normas en faltas que no generan un daño en un bien jurídico, sino funcionan como una suerte de prevención del delito.
Tal como lo dijo el profesor Francisco Muñoz Conde en el Ciclo de Conferencias sobre Justicia Penal Adolescente: “Castigamos con severas penas el hurto de unos alimentos que valen unos pocos dólares en un supermercado, no estamos solamente castigando eso: estamos anticipando, previniendo que esas personas puedan cometer atracos a mano armada.
Cortamos el mal de raíz. El derecho penal se aplica incluso a lo que ni siquiera es delito o es un delito de escasa gravedad, una de las llamadas faltas”.
En el mismo sentido, el especialista también se refirió a que una moderna tendencia en política criminal se relaciona con la falta de garantismo con el que se ignora los Derechos Humanos del criminal para proceder con penas más duras, sin un debido proceso. Pero mediante estas prácticas, no se logrará disminuir los hechos ilícitos, pero sí extralimitar un estado de derecho.
Claves en política criminal para reducir el crimen en América Latina
- La policía debe acercarse a los ciudadanos estableciendo canales de comunicación con la población que protege.
- Fortalecimiento cívico, que a través de la educación, pueden promover la participación de la ciudadanía en la lucha contra el crimen.
- Creación de sociedades civiles para respaldar al estado y así reducir los índices de criminalidad.
- Creación de leyes de fondo y no de forma para evitar caer en más delitos y sí en implementar políticas públicas destinadas a proteger a todos los sectores sociales.
- Promover la participación ciudadana para crear nuevas ideas.
Finalmente, la política criminal puede orientarse de diversas maneras, pues no solamente se ocupa de los aspectos utilitarios de la lucha contra el delito, como lo son la necesidad de aumentar y mejorar las prisiones, sino de disponer de mayor número de jueces y más especializados, además de profesionales del derecho cada vez más preparados.
