América Latina puede destacarse por su peculiar cultura y paisajes únicos en el mundo; pero según el último informe de la ONU del 2019, el continente americano alberga el 42% de todas las víctimas de homicidios a nivel mundial, convirtiéndose en la única con crímenes que parecen ir solo en aumento desde 1990. ¿Quiénes se encargan de develar las causas y las motivaciones que llevaron al delincuente a cometer el hecho ilícito? Para estudiar el comportamiento detrás del crimen, es menester la existencia de expertos en política criminal.
Ofreciendo un panorama más completo, el informe llevado a cabo por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destaca que “una justicia débil conduce a la impunidad y crea un ambiente en el que los criminales pueden operar fácilmente”. En ese sentido, la participación de la justicia penal para enjuiciar a los homicidas es clave para comprender su incidencia en los aumentos y tendencias de los actos delictivos.
Como verán, el sistema penal requiere de una red multidisciplinaria para llegar a la resolución del crimen. En general, la mayoría de los sujetos partícipes dentro del sistema judicial son abogados que velan por la correcta aplicación e interpretación de las normas.
Para medir la efectividad de la justicia penal no sólo debe tomarse en cuenta la cantidad de delitos resueltos, sino la calidad del tratamiento que los estados ofrecen para entender la causalidad de los delitos. Es por ello, que los profesionales que intervienen en estos procesos son factores imprescindibles para lograr erradicar el crimen en la región, desde que el imputado es intervenido por las fuerzas de seguridad, llega a los juzgados y luego su resocialización.
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Salidas laborales para expertos en política criminal
1. Fuerzas de seguridad
La policía como sujeto clave de un estado puede, desde la comprensión de la política criminal, desplegar una serie de acciones para evitar el aumento de crímenes. Es necesario que las fuerzas de seguridad incorporen conocimientos para la solución de problemas sociales con compromiso hacia la comunidad. La policía, por medio de saberes que permitan comprender al delincuente, pueden ser sujetos que alienten a los delincuentes a cumplir con las leyes.
No debemos desatender el artículo 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establece que “el sistema penitenciario incluirá el tratamiento de prisioneros cuyo objetivo esencial será su reforma y rehabilitación social”.
2. Proyectos de resocialización
Para disminuir los casos de reincidencia, es necesario abordar y entender los desafíos por los cuales los delincuentes no pueden lograr la resocialización luego de prisión o durante ella.
La Política Criminal cumple un gran rol en este objetivo: los programas destinados a evitar la reincidencia y con ello la reincorporación de los victimarios, requieren de recursos capacitados para entender la integralidad y el contexto sea personal y social por la que el sujeto atraviesa, ofreciendo un acompañamiento que permita al delincuente derribar sus desafíos desiste de cometer delitos.
Como lo afirma la ONUDD en la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes (2013), los programas de reintegración tienen como presupuesto básico entender los factores de riesgo dinámicos que se encuentran relacionados con la reincidencia y muchos programas han sido diseñados para tratar con delincuentes que cometieron diferentes categorías de delitos.
3. Políticas públicas de reinserción social
El estudio del acusado para lograr un marco comprensivo del problema es además necesario para evitar la reincidencia criminal en los estados. La prisión no parece ser suficiente para resolver la reintegración social: muchos que salen de prisión no logran reinsertarse a la sociedad.
“La prisión, en sí misma, es incapaz de solucionar las cuestiones de reintegración social de los delincuentes. Aún cuando los programas sólidos de la prisión han ayudado a los delincuentes a lograr algunos progresos durante la detención, esos progresos se han perdido como resultado de la falta de supervisión de seguimiento y ayuda pos penitenciarias a la liberación” (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013a p. 8).
Además, la guía expresa que los estados deben diseñar un mecanismo de intervención de reintegración social eficaz con el fin de poner límite a la reincidencia y detener el ciclo de “reintegración social fallida”.
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La Política Criminal es la herramienta básica para dilucidar y develar las causas que motivan y provocan la creciente delincuencia. Una sociedad que quiere resolver la violencia debe invertir en programas educativos para formar expertos que colaboren con la resocialización de los delincuentes con el objetivo de prevenir delitos.
El camino de la reducción del uso de prisión empieza por comprender aquellas vías encaminadas al entendimiento como mecanismo de resolución de conflictos. Continuar invirtiendo en prisiones que componen un sistema que en la región presenta signos de fracaso, desatendiendo las causas que generan la criminalidad, no resolvería el problema real en América Latina.
