La política criminal consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado tendientes a controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales, lo cual debe existir voluntad política a través de las instituciones y llevar a cabo programas de prevención del delito y acciones de campo para conocer los fenómenos delictivos y atender el origen y las causas con el objeto de erradicar y así evitar que ciertos delitos aumenten.
¿Por qué hablamos de política criminal?
Una temática que hoy día cobra importancia por los disímiles cambios que se experimentan en las estructuras del Derecho penal, es la reacción ante el fenómeno criminal y la manera en que esta se estructura y organiza por parte de los Estados. El diseño e implementación de una política criminal acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales, históricas, culturales del Estado donde se desarrolle, constituyen premisas necesarias de análisis al abordar esta temática. La concepción que se tenga de la política criminal ya sea en un sentido amplio o estricto permite comprender su naturaleza y contenido totalizador e integral.
Es por ello, que los profesionales que intervienen en estos son factores imprescindibles para lograr erradicar el crimen en la región, desde que el imputado es intervenido por las fuerzas de seguridad, llega a los juzgados y luego su resocialización.
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Beneficios de estudiar un máster
El análisis de la política criminal es un tema abarcador que engloba diversas aristas del saber criminológico y del Derecho penal, por ello es necesario comprender sus fundamentos para así proyectar una visión más completa y clara de su finalidad e importancia.
Estudiar una maestría es una perspectiva emocionante y hay muchas razones válidas para considerar tomar un curso de posgrado. Las razones más populares para realizar una Maestría incluyen:
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La Política Criminal es la herramienta básica para dilucidar y develar las causas que motivan y provocan la creciente delincuencia. Una sociedad que quiere resolver la violencia debe invertir en programas educativos para formar expertos que colaboren con la resocialización de los delincuentes con el objetivo de prevenir delitos.
El camino de la reducción del uso de prisión empieza por comprender aquellas vías encaminadas al entendimiento como mecanismo de resolución de conflictos. Continuar invirtiendo en prisiones que componen un sistema que en la región presenta signos de fracaso, desatendiendo las causas que generan la criminalidad, no resolvería el problema real en América Latina.