La situación de la violencia contra la mujer a nivel mundial, preocupa a todos los sujetos involucrados, no sólo al Estado y Organismos Internacionales, sino también a la sociedad en general, las consecuencias que provoca son de tal magnitud que los costos para los gobiernos y para las víctimas causan daños muchas veces irreparables; ningún tipo de violencia es aceptable, sin embargo, la violencia de género, por los graves daños que esta genera (físicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, entre otros) ha sido motivo de alertas y llamados a su prevención, sanción y erradicación.
Históricamente, se ha considerado que la mujer ha estado limitada en sus derechos, libertades, decisiones y oportunidades, en el ámbito social, económico, político, y cultural; las repercusiones del Covid-19 le han afectado en el presente y le afectarán en el futuro desde muchos aspectos. En este sentido, no cabe sino afirmar que la violencia de que es objeto la mujer, a través de sus diversas manifestaciones, es un asunto prioritario para los Estados, para la sociedad civil, y debería constituirse para cada hombre y mujer.
De ello deriva la obligación impuesta a los Estados, plasmada en los diferentes instrumentos internacionales; de tomar todas las acciones pertinentes, que involucran revisar las leyes cuyos contenidos sean discriminatorios en el ámbito social, cultural, y laboral. Enfocados al cambio de conciencia, conductas y pensamientos basados en estos factores de desigualdad.
Por tanto, la principal propuesta de solución para la prevención y erradicación de este problema, es emplear estrategias en beneficio de las mujeres, que fomenten su acceso a la educación, trabajo y participación ciudadana. Así pues, es relevante examinar las estrategias adoptadas en la región, que van desde el estudio y diagnóstico de la situación, legislación, así como políticas públicas en los diferentes ámbitos.
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