Debido a su meritoria formación, amplia experiencia y conocidas virtudes en cuanto al ejercicio del profesorado, hablar con la Dra. Nieves Sanz Mulas, Directora del Máster en Política Criminal de la Universidad de Salamanca, es tan grato cuanto provechoso. Efectivamente, al escucharla manifestarse sobre los temas que han merecido sus atenciones intelectuales, no se tiene sino el convencimiento de hallarse frente a una genuina experta en el campo, alguien que, además, evidencia cómo los problemas sociales no resultan indiferentes desde el punto de vista de la academia.
De nuestra reciente conversación con la Dra. Nieves Sanz, ponemos a consideración del público algunas de sus más que significativas reflexiones, las cuales forman parte de una generosa obra académica que, desde hace varios años, no deja de ser alimentada merced a sus inquietudes y entusiasmo.
Te invitamos a leer la entrevista y, posteriormente, probar tu comprensión y conocimientos sobre el tema en el siguiente test:
Estamos persuadidos de que, gracias a sus pareceres, se facilita el contacto con una interesante mirada sobre esos temas que apasionan tanto a abogados, criminólogos, entre otras personas relacionadas con el Derecho, y que tienen que ver con la coyuntura actual, pero también con la visión de la disciplina a futuro para que los profesionales de distintas áreas puedan aprovechar la información y tomar decisiones sobre su futuro académico.
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Actualmente, si pensamos desde la Política Criminal, tenemos retos muy importantes que afrontar, entre ellos el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo. Se trata de hechos que dejan notar su impacto en el mundo entero, pues, a diferencia de otros sucesos ilícitos, cuentan con la particularidad de afectar a más de un territorio nacional, por lo que el interés para su estudio tiene una motivación especial. Lamentablemente, la relevancia de esos temas, del examen y sus deliberaciones correspondientes, no se advertiría en programas oficiales del campo.
«Por ello, los profesionales en esta área tienen que formarse para reflexionar, dar explicaciones, brindar soluciones y llegar a conclusiones. Hay una enorme escasez de estudios en materia político-criminal. En las facultades de Derecho se habla del Derecho penal, pero estas conversaciones se limitan a lo que dicen los artículos, cómo lo interpretamos y cómo se aplica en los juzgados, sin pensar en si esa teoría sirve o no para algo, si es funcional para el objetivo que tiene», precisa la Dra. Nieves.
Por otro lado, se sostiene que la base de la criminalidad son los problemas no resueltos, los que pueden ser educativos, sociales, culturales, económicos o de cualquier otra naturaleza. Ahora bien, atendiendo a esta línea explicativa, para prevenir los delitos con éxito, se debe llevar cabo la respectiva identificación de problemas y, en consecuencia, trabajar para resolver sus causas. De lo contrario, si nos limitamos al castigo, es como si se estuviese curando una herida que no cicatriza.
De acuerdo con el informe «Prevención del delito, vinculación, participación ciudadana y derechos humanos», realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, la problemática de seguridad que padecen muchos países denota, entre otros aspectos, el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, el incremento del consumo de drogas ilícitas y la ausencia de los valores cívicos. En este sentido, las políticas públicas que adopta un Estado para tratar el tema de la delincuencia o criminalidad tendría que considerar, de manera forzosa, ese conjunto de factores, cuya indagación se torna necesaria desde la óptica académica.
Las naciones que han implementado con éxito políticas de prevención del delito trabajaron para resolver problemas específicos. Así, por ejemplo, Portugal ha logrado reducir entre su población el consumo de heroína y cocaína desde que descriminalizó el consumo de estupefacientes. Además, la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).
Precisamente sobre el sistema carcelario y la resocialización de los delincuentes, Santiago Mir Puig, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que falleció recientemente, señaló en 1989 que «las cárceles no resocializan», porque la aplicación del modelo rehabilitador es intramural, lo cual crea una paradoja: se pretende educar para la libertad con ausencia de esta.
A propósito de lo indicado por el profesor Mir, nuestra experta sostiene: «La cárcel no resocializa a nadie porque está diseñada para separar a los malos de los que, supuestamente, son buenos. Además, nunca podrá resocializar a alguien con unos muros de 4 o 5 metros que lo separan del resto de la sociedad a la que supuestamente tiene que volver».
Teniendo presente lo anterior, la Dra. Sanz asevera que «los profesionales deben aportar alternativas a la prisión y reflexionar sobre distintos aspectos, entre ellos: cómo ese señor o señora va a vivir su experiencia en la prisión, si están o no sus derechos protegidos; si la actual respuesta para el delito está funcionando. También deben desechar la creencia de que el Derecho penal acaba con una sentencia de culpabilidad».
Además, nuestra entrevistada nos comparte que faltan conocimientos sobre Derecho penal y Política Criminal. Desde su perspectiva, si las respuestas actuales para disminuir los índices de criminalidad no están funcionando, los profesionales en ejercicio y los académicos deben proponer soluciones. Es un reto que cabría ser asumido especialmente por quienes se ocupan de formar a los profesionales del Derecho.
Finalmente, en su criterio, el Derecho penal debe dejar de pensarse como un sistema punitivo si se quiere resocializar a quienes cometen delitos. Sin duda, su planteamiento se constituye en una mirada distinta de las que nos ofrecen muchos Estados cuando tratan de lidiar con el fenómeno delictivo.
Por otra parte, pensando en las tendencias de política criminal, para la Dra. Nieves Sanz, «el crimen organizado va a 20 pasos por delante de los Estados y los sistemas judiciales. En pleno periodo de confinamiento, los narcotraficantes han aprovechado para llevar más drogas a los países; en pocas palabras, no han dejado de trabajar».
Ciertamente, las organizaciones criminales aprovechan cuando los Estados se muestran débiles u ocupados en otras cosas para hacer más negocios; por ende, salen ganando con la crisis mundial. Además, la pandemia ha debilitado a mucha gente, haciéndola más vulnerable, lo cual tiene relevancia para la comprensión de los sucesos de orden delictivo.
Ocurre que quienes perdieron sus empleos buscarán mecanismos de supervivencia y, desde luego, el hambre no conoce de pandemia. Así, las organizaciones criminales explotarán al máximo la necesidad de los más afectados. Por consiguiente, si los Estados no ofrecen soluciones con prontitud, las personas encontrarán alternativas, desde traficar con drogas, hasta hacer cualquier cosa, aunque no esté dentro del marco legal.
El informe de la ONU «Efectos de la COVID-19 en los mercados de drogas» señala que los efectos de esta crisis global en el mercado de estupefacientes podrían compararse a los vividos tras la crisis económica de 2008, durante la cual “algunos consumidores comenzaron a buscar sustancias sintéticas más baratas y se produjo un cambio en los hábitos de consumo en favor de las drogas inyectables. Mientras tanto, los gobiernos recortaron los presupuestos relacionados con las drogas”.
● Retos de la política criminal frente al crimen organizado
El crimen organizado no es un problema nuevo, pero sí son desconcertantes las dimensiones adquiridas en los últimos tiempos. La globalización de la economía, la creación de zonas de libre comercio y la circulación de personas han transformado el mundo y también la delincuencia organizada, dotándole de una especial peligrosidad para la seguridad de los Estados.
Conviene precisar que el aludido peligro no deriva tanto de lo delitos finalmente cometidos, como del hecho de que sus autores pertenezcan a una organización, por las facilidades, medios e incremento de la impunidad que ello supone. Ello sin hablar de su habitual carácter supranacional, que requiere de soluciones que sobrepasen las fronteras territoriales, presentándonos un reto de carácter mayor.
● Retos para las ciencias jurídicas
Desde el punto de vista de nuestra especialista, ya que las acciones del crimen organizado afectan a varios ordenamientos jurídicos, quienes trabajan con las leyes y las estudian deben promover cooperaciones y alianzas que involucren a los distintos cuerpos policiales locales e internacionales, creando planes estratégicos para agilizar los procesos, definir y armonizar normativas legales de carácter global, etcétera. Para lograr este relevante cometido, se requieren profesionales bien formados en el área.
El panorama es complejo y siempre son importantes las aportaciones de la academia. La mejor estrategia sería que los expertos diseñen políticas y códigos penales que estén en armonía con múltiples naciones y ordenamientos jurídicos, de manera que no se afecte la soberanía de ningún Estado. Sin embargo, el mundo está dirigido por quienes tienen más fuerza o recursos, priorizando otras necesidades. «Al parecer, los intereses geopolíticos y económicos están por encima de las leyes o de la salud», comparte la experta.
Los profesionales de este campo deben tener una formación integral y están llamados a innovar en el ámbito de las ciencias jurídicas a través del conocimiento sobre Derecho penal, Criminología y Política Criminal, de manera que puedan analizar y juntar los datos que brinda la Criminología con las soluciones que brinda el Derecho penal para determinar si son efectivas o deben cambiarse.
De conformidad con lo pensado por la Dra. Sanz, la mayor innovación que se debe hacer en las ciencias jurídicas es repensar las leyes. Consecuentemente, los juristas deben reflexionar sobre las normas que ya están dadas, formulándose las siguientes preguntas fundamentales: ¿por qué esta norma se aprobó?; ¿con qué intereses?; ¿funciona o no?
Se siente la falta de ciencias integradoras. Los profesionales que se están preparando, sea laboral o académicamente, deben proponer nuevos modelos teóricos y operativos. También deben apuntar al conocimiento multidisciplinar y al análisis estadístico.
Esa mirada plural tiene valor porque las soluciones a los problemas criminales son de índole social, es decir, de carácter complejo. Por lo tanto, se necesitan juristas, sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales, además de académicos expertos en el fenómeno criminal.
La profesora Sanz Mulas sostiene que «la mejor política criminal se basa en una buena política social». Por esta razón, los profesionales deben aprender a:
La Política Criminal es una ciencia integradora que promueve un trabajo interdisciplinario, de manera que las soluciones propuestas para controlar los índices de criminalidad sean efectivas y, poco a poco, se alejen del modelo punitivo que caracteriza la respuesta tradicional del Derecho penal.
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● SANZ MULAS, N., Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en las realidades española y centroamericana, editorial Colex, Madrid, España, 2000.
● SANZ MULAS, N., Alternativas a la prisión. Su viabilidad en las legislaciones Centroamericanas, española y mexicana, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México D. F., 2004.
● SANZ MULAS, N., Política Criminal, 3a edic., Ratio Legis, Salamanca, 2019.
● Entrevistas y conversaciones: http://www.nievessanz.es/multimedia/
● Artículos y publicaciones: http://www.nievessanz.es/publicaciones/articulos/
● Dado que su página web es un valioso repositorio de recursos de interés, se sugiere visitarla: http://www.nievessanz.es/
Sobre Nieves Sanz Mulas:
● La profesora Sanz Mulas es autora de más 80 publicaciones académicas. Asimismo, ha sido responsable de impartir múltiples conferencias y cursos entre Europa y América Latina sobre Derecho penal, Derecho penitenciario, Criminología, Teoría de la pena y alternativas a la cárcel.
Referencias:
● Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. (2007). «Prevención del delito, vinculación, participación ciudadana y derechos humanos». Disponible en: https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/InformeLabores-prevencion.pdf
● Hernández, N. (2017). «La resocialización como fin de la pena: una frustración en el sistema penitenciario y carcelario colombiano». Disponible en: https://www.scielo.br/pdf/ccrh/v30n81/0103-4979-ccrh-30-81-0539.pdf
● Puig, M. (1989). «¿Qué queda en pie de la resocialización?». Disponible en: https://www.ehu.eus/documents/1736829/2162989/06+-+Que+queda+en+pie+de+la+resocializacion.pdf
● Linde, P. (2019). «Cómo se convirtió Portugal en un referente mundial en la regulación de las drogas». Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2019/05/02/actualidad/1556794358_113193.html.
● Organización de las Naciones Unidas (2020). «Efectos de la COVID-19 en los mercados de drogas». Disponible en https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/V2002977_ExSum_Spanish.pdf