La política criminal, como toda política pública —y con mayor razón aún por lidiar con el empleo de medios violentos—, debe ceñirse a estrictos estándares de diseño, ejecución y evaluación. Ello significa, entre otras cosas, mirarla desde la perspectiva de los derechos humanos.
La política criminal juega un papel importante en la dinámica delictual que comporta una sociedad, por lo tanto debe adoptar respuestas para “hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.”
Este mecanismo de control debe estar ajustado a condiciones legales, que respeten las garantías constitucionales y a su vez consigan la prevención del delito y manteniendo el control de la criminalidad, bajo la garantía de la protección de los derechos fundamentales junto con la resocialización de las personas privadas de la libertad.
Te puede interesar: 5 tendencias en aplicación de la ley
A partir de lo anterior, se han creado a nivel internacional, estándares mínimos que debe cumplir la política criminal respetuosa de los derechos humanos; estándar que le imprime un cambio a la perspectiva que requiere esta política para lograr mínimos de estabilidad y coherencia.
Este “enfoque de derechos” ha generado el desarrollo de estándares que, en materia de políticas sociales, se han transformado en herramientas tangibles de evaluación de los avances realizados y que pueden trasladarse, sin mayor esfuerzo, a la política criminal.
Te invitamos a leer: Importancia de la empatía en la práctica del abogado
Por todo lo visto anteriormente, resulta inadmisible la aplicación de toda herramienta político criminal incompatible con la dignidad humana, por caso, los tormentos, los trabajos forzados, las detenciones secretas.
Ello acarrea la obligación ineludible de los órganos estatales de explicitar los motivos en virtud de los cuales se avanza con una política de restricción violenta de derechos, cuáles son los objetivos que se persiguen con ella, y cómo es que el avance sobre las libertades individuales se encuentra justificado en el caso concreto.