La política criminal en México, entendida como la política del Estado frente al problema de la delincuencia, ha sido siempre objeto de serios cuestionamientos, tanto por sus escasos rendimientos, con relación a sus principales objetivos, como por la orientación filosófico-política que sigue, sobre todo, por lo que hace al ámbito nacional.
La política criminal en México que se diseñe y ponga en marcha en el plano nacional debe responder, por una parte, a las transformaciones que el propio fenómeno delictivo va experimentando tanto a nivel nacional como internacional.
Lo anterior quiere decir que la política criminal en México debe, primero, atender lo que sucede en el ámbito de la realidad nacional en materia delictiva y de inseguridad pública provocada por el delito; pero, por otro lado, sin que se pueda desatender lo que acontece en el plano internacional en cuanto a la transformación del fenómeno delictivo, ya que igualmente tiene (o puede tener) sus impactos en el ámbito nacional.
Por otra parte, la política criminal en México debe tomar en cuenta los cambios que en el plano internacional van teniendo las estrategias y medidas político-criminales contra la delincuencia organizada y otras manifestaciones; sobre todo, ahora que hemos vivido un proceso de globalización en distintos ámbitos de la vida social y se han dado importantes transformaciones en el campo de la ciencia y la tecnología.
Por lo que, si por razón de dicho fenómeno y de las otras causas el delito se transforma, la manera de enfrentarlo —es decir, la política criminal— tiene que reconocerlo y, por ende, transformarse, para que esté en condiciones de cumplir su función en un contexto globalizado.
No hay duda de que el fenómeno delictivo no es estático, sino que está en constante transformación por los cambios que se van dando en otros ámbitos de la vida social que, de alguna manera, influyen en su generación y desarrollo.
Tampoco se puede negar que hoy el mundo moderno se caracteriza por la tecnología de punta, los mercados comunes, la unidad de la moneda, las telecomunicaciones, los movimientos migratorios, entre otros, así como por la globalización e internacionalización que se manifiesta en los diversos sectores de la vida socioeconómica, política, cultural, científica y tecnológica de los pueblos, elementos de los que México no puede escapar.
De esa manera, la política criminal en México debe mirar los procesos de globalización, también se ha dado la transnacionalización o internacionalización del delito, en tanto que ahora el delito —sobre todo, el organizado— trasciende las fronteras nacionales y ramifica sus actividades y efectos en amplios ámbitos de influencia; por ello, adquiere igualmente un mayor interés de gran parte de los países del mundo y de la comunidad internacional.
Ese proceso descrito ha generado también nuevos problemas en materia de seguridad y la necesidad de enfrentarlos globalmente, es decir, frente a ellos ya no se puede actuar aislada ni unilateralmente; por eso, ahora se habla, incluso, de la globalización en la lucha contra la delincuencia organizada, pues “prácticamente toda delincuencia organizada es transnacional”.
La política criminal en México habrá de pensar a un nivel global o internacional cuando de delincuencia organizada se trata; sobre todo, de aquellas manifestaciones más violentas, como el terrorismo internacional, del que ningún país del mundo está exento.
Pero, igualmente, habrá que hacerlo —y, en efecto, se hace— con relación a los nuevos riesgos que enfrenta la sociedad, producto de los avances técnicos y científicos, como los que se dan en materia nuclear, en materia bacteriológica o en el ámbito de la informática, entre otros; que, igualmente, ocupan la atención de los Estados del mundo para buscar, de manera conjunta, medidas político-criminales de prevención o de represión penal.
Esa misma visión habrá de tener la política criminal en México, donde el fenómeno delictivo también ha experimentado importantes transformaciones tanto cuantitativas como cualitativas en los últimos tiempos.
Como se ha dicho, es innegable el aumento de la delincuencia, sobre todo la organizada y violenta, atribuible a diversas causas, como:
crecimiento desmesurado de la población; mayor inequidad en la distribución de la riqueza; menores fuentes de trabajo y, por tanto, menores oportunidades en las actividades lícitas; intensos fenómenos migratorios; alto índice de impunidad e incremento de la inseguridad pública; carencia de mecanismos eficaces de coordinación y de relación entre los diferentes sectores del sistema penal y de seguridad pública; falta de mecanismos más funcionales de cooperación interinstitucionales, interestatales e internacionales; alto índice de corrupción, entre otras.
Desde hace unas décadas la delincuencia en México también ha manifestado una gran transformación en el ámbito del crimen organizado, el cual fue extendiendo sus alcances territoriales y trascendiendo fronteras.
Por ello, en nuestro país el crimen organizado también ha dejado de ser un problema exclusivamente local o nacional para convertirse en uno de carácter internacional o transnacional, ya que varias de sus manifestaciones son de los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial.
Como consecuencia de lo anterior, la política criminal en México frente al crimen organizado no puede ni debe diseñarse o desarrollarse de manera desvinculada de lo que sucede en el contexto internacional.
La política criminal en México también habra de sentir los efectos de la modernidad con los avances tecnológicos; de ahí que también se hable de problemas cibernéticos, que han motivado la generación de los delitos cibernéticos o informáticos y que requieren de constante actualización por los propios avances en esta materia.