La investigación forense en casos de abuso sexual infantil (ASI) representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de justicia, salud y protección social. La necesidad de recopilar pruebas confiables choca, muchas veces, con la urgencia de proteger la integridad emocional de la víctima. Por eso, el abordaje forense en ASI requiere no solo de rigor técnico, sino también de una profunda comprensión de los derechos de la infancia, las dinámicas del trauma y los procedimientos judiciales.
La investigación forense en abuso sexual infantil tiene como objetivo identificar y documentar evidencias físicas, psicológicas y contextuales que confirmen o descarten un hecho denunciado. Este proceso puede incluir:
Evaluaciones clínicas interdisciplinarias.
Exámenes ginecológicos o anorrectales (si corresponde y con consentimiento).
Relevamiento de testimonios a través de entrevistas especializadas.
Recolección de material genético o biológico (si hay evidencia).
Evaluación de la conducta del niño y del entorno familiar.
Todo procedimiento debe seguir protocolos validados, con foco en la no revictimización, el respeto por los tiempos de la infancia y el uso de un lenguaje apropiado para su edad.
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El principio de interés superior del niño guía todas las intervenciones. Una mala práctica, como repetir entrevistas o utilizar lenguaje técnico inapropiado, puede generar retraumatización y pérdida de validez jurídica de la evidencia.
Por eso, se utilizan recursos como:
Entrevistas únicas grabadas por profesionales entrenados (técnica NICHD o entrevista cognitiva).
Salas Gesell, espacios protegidos para que el niño declare sin contacto directo con fiscales o jueces.
Consentimiento informado para cada etapa médica, acompañado por adultos responsables.
Evaluaciones psicológicas no invasivas que buscan signos de abuso compatibles con los relatos.
Las pruebas médicas no siempre son concluyentes: según la American Academy of Pediatrics, en más del 90% de los casos de ASI no se detectan lesiones físicas visibles, especialmente si pasaron más de 72 horas del hecho. De ahí la importancia del relato del niño, que debe ser tomado como prueba clave si cumple con criterios de credibilidad y consistencia.
Además de las evaluaciones físicas, se utilizan herramientas como:
Escalas de indicadores de abuso.
Exámenes psicológicos clínicos y forenses.
Evaluación del entorno familiar y antecedentes de violencia.
Estas herramientas permiten construir un perfil más completo del contexto en el que se produjo el posible abuso.
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Participar en una investigación forense por abuso sexual infantil exige mucho más que conocimiento jurídico o médico. Requiere formación especializada en trauma infantil, habilidades comunicacionales sensibles, y compromiso ético. Cada profesional que interviene —médico, psicólogo, trabajador social, perito, fiscal— debe comprender la delicadeza de estos procesos y su impacto duradero en la vida de las víctimas.
En Argentina, más del 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del entorno familiar o cercano, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Red de Infancias Robadas señala que sólo el 15% de los casos llega a juicio oral, en parte por la dificultad de conseguir pruebas sin afectar a la víctima.
UNICEF advierte que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años a nivel mundial.
Estas cifras evidencian la urgencia de contar con profesionales especializados y protocolos sólidos que garanticen justicia sin daño.
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